LEY DE APOYO A LA MUJER EMBARAZADA

28/01/2009
Luz Posada

Primera ley de apoyo a la embarazada: logro de los ciudadanos

La norma, un éxito de la ILP Red Madre, ha entrado en vigor esta semana en Castilla y León
La Iniciativa Legislativa Popular Red Madre, impulsada por el Foro Español de la Familia, y respaldada por miles de personas que han pedido con su firma una legislación que apoye a la mujer embarazada y promueva una política activa de natalidad en 17 Comunidades Autónomas de España, ha permitido la entrada en vigor en Castilla y León, de la primera Ley de Apoyo a la Mujer Embarazada del país, este lunes 26 de enero.


Esta ley, aprobada por el Parlamento de Castilla y León el pasado 10 de diciembre, tiene como objetivo la formación de una red de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente las que se encuentran en situaciones difíciles, que canalice y les haga llegar los recursos sanitarios, sociales, educativos y laborales, tanto públicos como privados, que necesiten para llevar adelante su embarazo.


En los próximos meses, la Junta de Castilla y León deberá elaborar un Plan Integral que desarrolle la ley, con los objetivos y actuaciones previstas y las medidas de difusión necesarias para dar a conocer esta red de apoyo.


Los socialistas no aprueban la ley

Fueron los votos del Partido Popular y del Grupo Mixto los que permitieron aprobar la primera Proposición de ley derivada de una Iniciativa Legislativa Popular que se debatía en el Parlamento de Castilla y León, y que ha estado avalada por un total de 40.623 firmas.


Los socialistas optaron por la abstención porque, según la procuradora Natalia López, el espíritu de la ley es puramente asistencial frente a la “visión global e integral” que propone el PSOE, sin contemplar otras facetas como la prevención de embarazos no deseados, que es “vital”, o la información sexual en las escuelas.


Un hito en el reconocimiento del derecho a ser madre

Por su parte, el coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular Alejandro González, considera que con esta ley “se da un paso más para que en Castilla y León todas las mujeres embarazadas puedan ejercer su derecho a ser madre sin que ninguna causa de exclusión social se lo impida”.
También espera que “el Plan Integral que debe desarrollar ahora la Junta esté en plena sintonía con la voluntad manifestada por la sociedad castellano-leonesa a través de más de 40.000 firmas presentadas”.


Castilla y León ha sido la primera Comunidad Autónoma en aprobar la ley que el Foro Español de la Familia ha impulsado en 17 Comunidades Autónomas con 17 Iniciativas Legislativas Populares.


En otros lugares, por ejemplo Navarra y Cataluña, los Parlamentos autonómicos (con los votos de socialistas y nacionalistas) han obstaculizaado la iniciativa. En Valencia, el proceso está en marcha: la Junta Electoral acaba de validar las 50.000 firmas necesarias para promover la ILP, de entre las casi 81.000 recogidas por el Foro Valenciano de la Familia.


Una ley novedosa

La ley que acaba de entrar en vigor en Castilla y León contiene diez artículos para favorecer una red de apoyo a las mujeres embarazadas, especialmente las que se encuentran en situación de conflicto y desamparo, a través de ofertas completas de apoyo, asesoramiento y orientación que les ayuden a superar las cargas emocionales y las discriminaciones negativas que sufren por haber decidido tener a sus hijos.


Entre otras cosas, la ley establece que toda embarazada residente en Castilla y León tendrá derecho a ser asesorada sobre cómo superar cualquier conflicto derivado de su embarazo, y aquí se va más allá de la típica información sobre el aborto y se incluye la información sobre ayudas y apoyos que puede recibir para culminar su embarazo con el nacimiento de su hijo.


También insta al Gobierno autónomico a promover y apoyar la existencia de centros de asistencia y asesoramiento a la mujer embarazada que proporcionen información detallada sobre los recursos de protección oficial que existen en España, tanto públicos como privados, y les ayuden en la tramitación y gestión para acceder a ellos.


El texto reserva un apartado a la asistencia específica a las adolescentes embarazadas, que tendrán derecho a una adecuación de los horarios y planes escolares a sus necesidades durante el embarazo y en los dos años siguientes al parto.


También trata la concesión de subvenciones y el establecimiento de convenios con los centros de asesoramiento y ayuda a la mujer embarazada, la existencia de un teléfono gratuito y la implicación de los ayuntamientos en la difusión y conocimiento de la red.