La Gaceta-Sociedad
Santiago Mata
La Junta de Castilla y León pagará a Ginemédica una media de 636 euros por cada interrupción. No ha presupuestado ni un euro para ayudas a mujeres embarazadas.
Madrid.- La Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León resolvió el pasado 14 de enero adjudicar a la clínica abortista Ginemédica la cantidad de 750.463 euros en concepto de “contratación de los servicios de Interrupción Voluntaria del Embarazo para las pacientes beneficiarias de la Seguridad Social en la provincia de Valladolid”.
Aunque es habitual que las comunidades autónomas acuerden con las clínicas abortistas el pago de los abortos que se acogen a uno de los tres supuestos despenalizados, la “resolución de adjudicación definitiva” a favor de Ginemédica, a la que ha tenido acceso LA GACETA, especifica los abortos que se han de ejecutar entre los años 2010 y 2012 y constituye, por ese motivo, algo insólito. Además, mientras que la Comunidad de Castilla y León presupuesta lo que va a gastar en abortos en los próximos tres años, aún no ha presupuestado ni un euro para cumplimentar la Ley 14/2008 de 18 de diciembre de Apoyo a la Mujer Embarazada.
Transparencia Consultada la Consejería de Sanidad castellanoleonesa sobre la particularidad de que la resolución (expediente número 001/2010/8000) detalle el número y precio de los abortos que se van a pagar en el futuro, su responsable de prensa, Teresa Zurro, aseguró que “cumplimos con la transparencia” y que, en otras comunidades, o en la propia Castilla y León, “antes se hacía de otra forma que era menos transparente; se pagaba igual, pero sin haberlo concertado”. El sentido del proceso administrativo seguido en Castilla y León sería, según Zurro, “que nadie nos llame la atención de hacerlo ilegalmente. Se ha pasado a hacerlo como lo pide la administración”.
En un comunicado oficial enviado ayer a LA GACETA, la Consejería de Sanidad castellanoleonesa asegura que desde 2007 concierta “esta prestación” con entidades privadas y que “hasta ese momento el proceso se pagaba mediante abono directo. Este concierto se ajusta a la legislación vigente, que es la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público y la Ley 2/2006 de la Hacienda y el Sector Público de Castilla y León”. El concurso de licitación ganado por Ginemédica ha supuesto un ahorro de 39.350,98 euros para las arcas castellano-leonesas, según la resolución de 14 de enero, publicada el día 28 en el Boletín Oficial de la Comunidad.
Así, en lugar del importe de 789.813,98 euros establecido como base para la licitación, Ginemédica se ofreció a ejecutar 1.179 abortos (352 en 2010, 393 en 2011 y 434 en 2012) por 750.463 euros, es decir, a un precio medio de 636,5 euros por intervención. La Consejería de Sanidad explica que se presupuesten cantidades a pagar por delitos supuestamente despenalizados, pero que aún no se han cometido, porque se trata de “hacer frente a los posibles casos que puedan surgir, exigencia que viene determinada en las leyes citadas". "Este número de procesos tiene la consideración de máximo y estimado, estando la realización de los mismos sujeta a las necesidades de la demanda en cada momento”.
Obligatoriedad
Respecto a la peculiaridad de que ésta sea la primera vez que una comunidad publica la previsión de abortos que va a financiar, la consejería asegura, en su escrito a LA GACETA, que “las resoluciones de adjudicación de estos conciertos son de publicación obligatoria desde la aprobación de la normativa antes citada (y, por tanto, a partir de 2007)”.
La Junta castellanoleonesa presupuesta los abortos con tres años de antelación y, en cambio, no ha presupuestado ayudas para que las mujeres en situaciones problemáticas puedan seguir con sus embarazos. La Consejería de Sanidad no ve contradicción en ello. Asegura que “la voluntad política de la Junta de Castilla y León en esta materia ha quedado clara con la aprobación de una normativa específica, como es la Ley 14/2008 de 18 de diciembre de Apoyo a la Mujer Embarazada, única región con una normativa así”. Sin ginecólogos
La Consejería de Sanidad no comentó en su escrito a LA GACETA la pregunta sobre si constituye una objeción a la firma de un concierto el hecho de que Ginemédica sea una clínica ginecológica que no emplea a ningún ginecólogo. Aunque en ella se realizan abortos desde 1987 y en su web asegura contar “con los mejores ginecólogos en Valladolid”, está probado que, al menos hasta 2006, no empleó a ningún ginecólogo. El propietario al 80% de Ginemédica, el ginecólogo Ángel Santaolaya Gallardo, cuida su fama y no se mezcla en otras empresas con los gestores de su clínica de abortos, que son los cirujanos Juan Carlos Rodríguez Seoane y Guillermo Nalda Page.
En las informaciones disponibles en el Registro Mercantil, Santaolaya sólo aparece como gestor de empresas de otros ramos: Es presidente de la empresa Fecundación in vitro Valladolid, administrador de Fecundación in vitro Recoletos, del Grupo Clínico Recoletos (del que también es accionista), de Recoletos Medicina Estética (todas ellas con sede en Valladolid), de la Policlínica San Mauricio (Cádiz) y de la inmobiliaria Nuevo Tordesillas, también vallisoletana.
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