La ministra aseveró que «raramente» el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Parlamento.
El Foro de la Familia pide al Tribunal Constitucional la suspensión cautelar de la ley del aborto
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, aseguró ayer que la nueva ley del aborto seguirá adelante, pese al recurso de inconstitucionalidad que hoy presentará el Partido Popular al Tribunal Constitucional, y se mostró convencida de que la norma entrará en vigor el 5 de julio con toda normalidad.«Les he dicho a los consejeros del PP que no se retirarán los dos decretos que la desarrollan porque tengo un mandato legal, una ley orgánica, aprobada por el Parlamento el pasado 3 de marzo», aseguró Jiménez tras la celebración del Consejo Interterritorial de Salud.
La ministra Jiménez aseveró asimismo que «raramente» el Tribunal Constitucional decide paralizar una ley aprobada por el Parlamento.
Lo que dicen los decretos
Los decretos que presenta Jiménez estipulan, por un lado, que los médicos tendrán que decidir sobre un aborto de una menor cuando ésta acredite con algún tipo de documento que al menos uno de sus padres o tutor ha sido previamente informado.
Por otro lado, contempla la penalización de las autonomías que no practiquen abortos, obligándolas a financiarlos en el hospital acreditado que elija la mujer en cualquier comunidad. Esta normativa está pensada para el caso de Navarra, en donde la objeción de conciencia de los médicos ha impedido la realización de abortos.
Respecto a este segundo caso, la ministra de Sanidad advirtió de que no tolerará ningún «resquicio legal» que permita a las comunidades, negarse a practicar abortos en su territorio. «Las leyes son de obligado cumplimiento para todos», sostuvo.
Los consejeros del PP mostraron ayer su oposición a ambos decretos, asegurando que «ponen en riesgo la seguridad jurídica de los profesionales», por dos motivos: el primero es que desarrollan una norma que, a su juicio, vulnera la Constitución. El segundo es que no entienden que los dos decretos de desarrollo hayan sido sometidos a debate del Interterritorial sin que el Gobierno hiciera lo mismo con la norma a la que desarrollan.
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