La organización de juristas acusa al Magistrado de un posible delito de prevaricación en su modalidad de retardo malicioso. Solicita para él una pena consistente en la inhabilitación para empleo o cargo público por un periodo de seis meses.
El anuncio llega el día que se cumplen once años desde que el Tribunal Constitucional rechazase suspender cautelarmente la Ley del Aborto. El Tribunal, en un auto firmado el 14 de julio de 2010 y publicado en el BOE el 9 de agosto de ese mismo año, justificó su decisión en que iba a dar “carácter prioritario a la tramitación y resolución del presente recurso”.
La Asociación de Abogados señala en su querella que “podemos apreciar un tiempo de entre cuatro y cinco años que el Tribunal Constitucional puede llegar a tardar en dictar Sentencia sobre un recurso. Sin embargo, en el caso que nos ocupa el tiempo es más del doble, lo cual sí es del todo excepcional”.
La presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, asegura que “cuando la más alta instancia jurídica de nuestro país anuncia que dará carácter prioritario a un recurso por tratarse del derecho fundamental a la vida, no puede haber un magistrado que posponga más de 11 años la resolución. Este tipo de prácticas, en nuestra opinión prevaricadoras por tratarse de un retardo malicioso, desprestigian nuestras instituciones y no deben quedar impunes”.
Castellanos asegura que “el hecho de que no haya sentencia no es algo casual”. Y señala que “en ningún caso se puede considerar que el recurso haya caducado o que haya perdido su objeto procesal puesto que la ley sigue en vigor y se ha solicitado varias veces el fallo por parte de muchos de los firmantes de aquel recurso”. Recuerda además que “el escandaloso retraso en resolver este recurso ha obligado a varios de los diputados firmantes del mismo a llevar el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo”.
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