Gobierno verá la ley aborto con división en el CGPJ y los fiscales en contra
EFE , Madrid
El Gobierno deberá aprobar el texto definitivo del proyecto de ley del aborto sin contar con un informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal.
Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes.
El desacuerdo en esta ocasión ha llegado al punto de que el CGPJ ha decidido por primera vez en 29 años que no emitirá un dictamen sobre esta reforma legislativa al no haber sido capaz de aprobar un informe al respecto.
En el consejo fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un informe, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a todas las diferencias, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.
El anteproyecto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de mayo, contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Además, el texto sitúa en 16 años la mayoría de edad para abortar y establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo. Esta mayoría de edad se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de Ley.
Cuando se apruebe la nueva norma por el Parlamento, sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
EFE , Madrid
El Gobierno deberá aprobar el texto definitivo del proyecto de ley del aborto sin contar con un informe aprobado por el Consejo General del Poder Judicial y con la opinión desfavorable del Consejo Fiscal.
Los informes de estos dos órganos son de carácter meramente consultivo y su objetivo es aconsejar al Gobierno en la fase de elaboración de las leyes.
El desacuerdo en esta ocasión ha llegado al punto de que el CGPJ ha decidido por primera vez en 29 años que no emitirá un dictamen sobre esta reforma legislativa al no haber sido capaz de aprobar un informe al respecto.
En el consejo fiscal también se pusieron de relieve las discrepancias, pero finalmente prosperó un informe, por un sólo voto, que considera inconstitucionales algunos artículos del anteproyecto de Ley Orgánica de Salud Sexual y reproductiva y de la Interrupción voluntaria del embarazo.
Pese a todas las diferencias, ambos órganos consultivos han coincidido en defender la conveniencia de que los padres de una menor que vaya a abortar deban ser consultados.
El anteproyecto, que fue aprobado por el Gobierno el pasado 14 de mayo, contempla el aborto libre hasta la semana 14 y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto.
Además, el texto sitúa en 16 años la mayoría de edad para abortar y establece que ninguna mujer podrá ser penada con cárcel por interrumpir su embarazo. Esta mayoría de edad se ha convertido en uno de los puntos más polémicos del anteproyecto de Ley.
Cuando se apruebe la nueva norma por el Parlamento, sustituirá a la actual legislación, vigente desde 1985, y que despenalizaba el aborto en los supuestos de violación, graves malformaciones del feto y daño para la salud física y psíquica de la madre.
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